Google+ Followers

La nueva escuela digital

(El Periódico de Catalunya, 2 de marzo de 2017)



Hablemos claro y directo. La LOMCE fue una ocurrencia de Wert que el PP consistió sin supervisión de forma irresponsable. Se ha paralizado y se va desactivando por la exigencia de una nueva mayoría parlamentaria y por la oposición clamorosa de toda la comunidad educativa. No obstante, el daño lesivo que nos ha dejado la LOMCE es incalculable y no hay métrica que lo pueda calcular. Son años, recursos y energías despilfarradas que han secuestrado el auténtico debate de fondo que la sociedad española sigue sin abrir: la modernización del curriculum. Es decir, acordar nuevos contenidos fundamentales, nuevos objetivos de aprendizaje y nuevas formas de evaluación teniendo en cuenta los cambios sociales externos de la última década. ¿Cómo redefinir y actualizar las funciones sociales que queremos, como sociedad y como democracia, que cumpla la escuela para el 2030? Es la pregunta estratégica que nadie coloca en la corriente principal ni, mucho menos, como tema de Estado.  

Al contrario, en España asistimos a un ciclo de reformas y contra-reformas determinadas por la vieja lucha ideológica entre derechas e izquierdas, entre el Estado y la Iglesia, que sigue irresuelta desde el siglo XIX. Es el gran matiz que nos diferencia del resto de países y que contamina todo debate educativo en una espiral perversa. El pasado no puede seguir condicionando el debate educativo durante más tiempo. Las nuevas generaciones no deben heredar los viejos antagonismos y conflictos que la generación de sus abuelos no ha sabido resolver o consensuar. El pacto educativo del cual se habla debería tomar este axioma de principio y enfocar el debate hacia las necesidades curriculares que acordemos para afrontar la sociedad digital y del riesgo. 

Tenemos alumnos del siglo XXI en escuelas que usan métodos y libros de texto  de una sociedad industrial que ha dejado de existir. Sabemos que el muro de separación entre la escuela y la vida exterior causa mayor desconexión y desmotivación entre los alumnos en una especie de alienación resignada. La escuela se resiste al cambio y a la redefinición de sus funciones en el nuevo ecosistema digital. Se resiste a usar los móviles y tablets, a aprovechar los recursos abiertos y a optimizar todos los dispositivos y fuentes de conocimiento que ofrece el entorno digital. Se resiste a recombinar las asignaturas en forma de aprendizaje por proyectos y pedagogías activas y personalizadas. Se resiste a evaluar capacidades como la curiosidad, la creatividad, la empatía o la asertividad. Todo eso suena muy bien pero no toca.

La escuela no se mueve de su matriz enciclopédica y conservadora y resiste al cambio. Las empresas tecnológicas, los gigantes de internet y el Mobile Congress son vistos como escaparates de una galaxia exterior pero que no moverán esa vieja matriz escolar. Para moverla sin resistencias ni recelos hace falta un liderazgo público y un discurso potente de modernización que ofrezca el justo equilibrio entre la excelencia, la equidad y la innovación. Es la ecuación a resolver para que nazca la nueva escuela digital.   

Consensuar la planificación escolar

(El Periódico de Catalunya, 10 de febrero de 2017)



Por primera vez, los municipios catalanes y la Generalitat van a acordar los criterios de planificación escolar para los próximos años. Es una buena noticia que pone fin a un estilo opaco e improvisado de planificación educativa al que se nos había acostumbrado. La participación de los municipios es fundamental para equilibrar los criterios y reconocer mejor las necesidades, superando el anterior modelo centralista con que la Generalitat decidía y anunciaba la supresión de centros y aulas. El anuncio de esos cierres se hacía coincidiendo con el período de pre-matriculación y siempre en detrimento de la escuela pública, dado que no afectaba a la oferta de la escuela concertada que siempre se concreta en septiembre, tal y como establece la legislación española. Así, ciertas escuelas quedaban señaladas con el estigma de que iban a ser cerradas y las familias ya no las escogían.

Al fin, el Departament de Ensenyament acepta una gobernanza más abierta y participada de la planificación escolar, con un modelo de co-responsabilidad que incluye a los municipios y, tras ellos, las demandas de la ciudadanía más activa con las asociaciones de madres y padres al frente. Este cambio de gobernanza va a tener que gestionar, desde el consenso, el aumento demográfico en 40.000 plazas escolares más en la ESO hasta el curso 2020-21. Supone todo un desafío que hay que regular de forma eficiente y equitativa para no reproducir los efectos perversos del pasado. Aún estamos lejos de una verdadera planificación pública que integre a la concertada y que reduzca los efectos de segregación y dualidad que van contra la educación pública. La concertada puede aumentar aulas mientras se cierran y masifican aulas públicas. Todo un despropósito para la equidad escolar.
Pero la planificación escolar va más allá de las decisiones de política educativa. En ella intervienen otros actores como los agentes inmobiliarios y la planificación urbanística que, en el pasado, no han estado a la altura. En los años de crecimiento económico hasta 2008, la planificación urbanística apenas tuvo en cuenta la necesidad de nuevos equipamientos escolares. La prioridad era construir y obtener el máximo rendimiento ocupando todo el territorio y sin previsión de futuro ni construcción de nuevas escuelas en los nuevos barrios residenciales. Se antepuso la codicia inmobiliaria de constructores y ayuntamientos en detrimento de una planificación equitativa del espacio público. 

Ahora, apenas hay suelo y espacio para construir nuevas escuelas, aunque el sistema necesita 40.000 plazas más. La solución será, de nuevo, recurrir a los barracones. Como es una medida impopular, se requiere un nuevo consenso y una gobernanza más participada en la planificación. Es bueno aprender del pasado y no subordinar nunca más las necesidades educativas a la especulación inmobiliaria que acaba en segregación urbana y privatización del espacio público. También es necesario acabar con los privilegios de la red concertada y responsabilizarla de su función social para que deje de segregar y excluir incumpliendo la normativa.     

Lluvia de piedras contra la infancia

(El Periódico de Catalunya, 5 de febrero de 2017)




Hace ahora un año, El Periódico destapaba el repugnante caso de pederastia de los maristas en Barcelona. Todo un ejemplo de buen periodismo de investigación que no sólo se centró en narrar el escándalo sino también en hacer la crónica rigurosa de todas las estratagemas de la cúpula marista y de las administraciones para minimizar y ocultar el caso. Ambos hechos son elocuentes. De una parte, la existencia tolerada durante años de todo un sistema de abusos de menores por parte de unos depredadores protegidos por la orden religiosa. De otra, todo un sistema de vigilancia pública de los derechos de la infancia y protocolos preventivos que no han funcionado. Han fallado todos los agentes públicos (Estado, Generalitat, mossos, fiscalía, código penal…) y son co-responsables de una impunidad consentida sin haberse puesto a disposición de las víctimas. 

Estamos ante el mayor caso de pederastia denunciado y hecho público en España con 21 depredadores sexuales, 50 víctimas abusadas y otras 35 vejadas, destapado gracias a la profesionalidad de este diario. Tan pasiva ha sido la respuesta de las administraciones que el primer padre que denunció los abusos sexuales padecidos por su hijo ha llegado a poner una denuncia ante el Parlamento Europeo. Cuando la sociología analiza los casos de desviación y transgresión pone el foco, sobre todo, en la respuesta social e institucional que se les da. En función de lo dura o blanda que sea la respuesta punitiva o sancionadora, queda reflejado el sistema de prioridades morales de aquella sociedad. Este escándalo evidencia que la protección a la infancia no es una prioridad moral compartida y eso nos  avergüenza y paraliza sin tomar medidas drásticas de cambio

Es más, si seguimos con una lectura sociológica, más bien se pone en evidencia que en nuestras vidas e instituciones todavía perdura un patriarcado cruel y abusador que debe mucho al pasado franquista que sigue sin ser extirpado. Ni en el sistema judicial, ni en el código penal ni en la capacidad de exigencia reparadora que deberían haber mostrado las administraciones. Demasiado consentimiento, demasiada recelo y culpabilización a la víctima, demasiado respeto a órdenes religiosas que educan a la infancia sin auditorías ni controles rigurosos. Demasiado cinismo institucional por creernos modernos y europeos pero dejamos a las víctimas indefensas y a los depredadores y consentidores sin duras reparaciones para depurarlos. Demasiada herencia franquista y clerical.

Seamos sinceros, en Cataluña seguimos sin tener un verdadero “sistema” de protección a la infancia, a pesar de algunas loables iniciativas muy destacables. Es toda la sociedad la que queda retratada. Por dedicar tres veces menos a inversión pública en infancia sobre la media europea. Por  liderar el ranking europeo en pobreza infantil. Por no retirar las subvenciones a las escuelas de los maristas y por no auditar todos los colegios religiosos como espacios de riesgo. Con la Iglesia hemos topado, querido Sancho... ¿Hasta cuándo seguirá esta lluvia de piedras que dejamos caer sobre la infancia?