Google+ Followers

Estado propio, crisis y política social en Cataluña

(Revista Òmnium Cultural, hivern 2012)

El atractivo de construir un Estado propio, en pleno contexto de crisis económica, de austeridad y de recortes de las políticas sociales y de bienestar, puede sumar una amplia mayoría ciudadana si se justifica desde un soberanismo redistributivo. El reto no es identitario sino político y centrado en la viabilidad tangible y rápida de un marco propio de justicia redistributiva.

En la época de bonanza económica (2006), la tasa de desigualdad social 80/20 de Cataluña era la misma que la pauta conjunta de los países de la Eurozona (4,6). Es decir, el 20% poblacional más rico acumulaba 4,6 veces más renta que el 20% poblacional más pobre. En cambio, en España la tasa 80/20 el mismo año era más desigualitaria (5,3) que la media europea y catalana.

Con el estallido de la crisis, entre 2007-2010, se pone de manifiesto el aumento de las desigualdades sociales. Sin embargo, mientras que en la Eurozona la desigualdad 80/20 ha crecido un 2%, en Cataluña ha crecido un 23% y en España un 30%. La ausencia de un Estado propio y el mantenimiento del sistema institucional español (sistemas fiscal, educativo y legislación socio-laboral) actúan como una inercia poderosa que hace perder a Cataluña la pauta europea de desigualdad para adoptar la pauta española. Plantear un Estado propio es plantear la emancipación de una inercia estructural que nos aleja de los estándares europeos y multiplica la desigualdad social en tiempos de crisis.

La viabilidad de un Estado propio ha sido recientemente calculada, entre otros autores, por Núria Bosch y Marta Espasa ([1]) bajo la hipótesis de mantener el mismo sistema y nivel de presión fiscal ahora existente y asumiendo la parte proporcional de deuda y servicios prestados por el actual Estado español. Asumiendo así, todo el paquete de gastos y atribuciones de un Estado propio, el superávit de una Cataluña-Estado en plena bonanza expansiva entre 2006-2008 hubiera sido de 17.200 millones cada año.

Nos podemos preguntar si con este volumen de recursos se hubiera evitado el recorte de 9.800 millones iniciada por los gobiernos de la Generalitat desde 2009 a lo largo de cinco planes de austeridad hasta el 2012. Ahora bien, este fastuoso superávit simulado entre 2006-2008 está calculado para Cataluña manteniendo una de las presiones fiscales más bajas de Europa (31%), el menor peso del gasto público (39%) y la menor inversión en política social (18% sobre PIB). En cambio, Holanda, uno de los países europeos más igualitarios, tiene una presión fiscal del 38%, un gasto público del 51% y una inversión en política social del 28% sobre PIB.
Pensar unas estructuras de Estado que nos equiparen con Holanda, por ejemplo, significa dedicar 19.000 millones adicionales cada año a las políticas sociales, sanidad, enseñanza, universidades, dependencia y tercer sector. También significa disponer de un sistema fiscal más justo que haga sostenible una política social más efectiva, un sistema educativo propio de más calidad y un sistema de ciencia e innovación que nos posicione mejor en la economía del conocimiento.

El incremento de las desigualdades sociales costará mucho de paliar y superar. Por eso es tan urgente llegar a un pacto o acuerdo estratégico de país entre los agentes políticos, sociales y civiles, diseñando primero un plan de choque contra el paro y para la reactivación económica y acordando después un modelo más global de inversiones en infraestructuras, políticas activas de empleo, economía verde, política social, conocimiento, educación y cultura. Todos estos sectores configuran el llamado sector quinario de la economía productiva que, junto con la industria exportadora, pueden facilitar más rápidamente la recuperación económica y la competitividad abierta en los mercados globales.

La adhesión y el voto afirmativo a un Estado propio puede superar un 60% si la ciudadanía tiene la garantía de seguir formando parte de la Unión Europea, según las encuestas. La segunda garantía que puede reforzar la adhesión mayoritaria y interclasista es el compromiso de construir una política social redistributiva, efectiva y tangible que refuerce la cohesión social y una salida solidaria de la actual crisis. El reto para desvanecer los miedos, dudas y aversión al riesgo que supone apoyar un Estado propio no debe centrarse en el terreno identitario, sino en la proyección de un marco moderno de justicia redistributiva y de ciudadanía social.



[1] Bosch, N. i Espasa, M. (2012). Viabilitat de Catalunya com a Estat: anàlisi de la hisenda pública. Barcelona, Fundació CatDem.