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Zona franca de privilegios para el juego

(EL Periódico, 24 de junio de 2013)

La llegada de Eurovegas y otros complejos del juego ha abierto un intenso debate sobre la conveniencia o no de aceptarlos. Son un desembarco de grandes inversiones con la promesa de miles de puestos de trabajo que contribuirán a paliar tanto paro. Incluso el conseller Mas-Collell define esas inversiones como un ejemplo de política industrial. Antaño la política industrial era atraer a la Seat y a grandes fabricantes para que se instalasen en la Zona Franca de Barcelona.

En los años noventa la política industrial atrajo empresas creativas, hoteleras y de tecnologías limpias. Así, el Manchester industrial del Poble Nou pasó a transmutarse en el distrito 22@ y el viejo litoral de Barcelona pasó a ser un bulevar californiano. Para completar su mutación posmoderna, ahora la política industrial es atraer mega-casinos y resorts para consumo del mercado euro-ruso-asiático. Todo un cambio de  dimensiones y de magnitudes.

Hablamos de construir ciudades del juego con un enorme impacto ambiental que vienen con exigencias feudales para crear zonas francas fuera de ley. El mismo Adelson admitía en una entrevista que el alto nivel de paro en España ablandaría a los políticos para aceptar sus condiciones. Encima, animó la subasta aprovechando la rivalidad entre Madrid y Barcelona.

Rebajar las tasas fiscales del juego, contratar mini-jobs sin derechos, permitir fumar o consentir el acceso a menores son parte de las condiciones de una negociación que ha retransmitido la prensa como si fueran adelantos de lo que va a caer. Así se va ablandando la tolerancia social ante un dilema diabólico. O lo tomas o lo dejas. Cualquier otro país democrático exigiría planes de sostenibilidad ambiental, altas tasas fiscales y regulación estricta. Pero Spain is different.

El gobierno Rajoy ya ha aceptado rebajar las tasas fiscales y parece dispuesto a consentir todos los cambios legales estatales que hagan falta. ¿Qué concepto de soberanía política puede tener Rajoy si se pliega a las imposiciones de los señores del juego? ¿Estos tipos sí son sujetos de soberanía? ¿Cómo defenderá la recentralización y la unidad de mercado cuando tolera zonas francas para el vicio?     

Parece que los inversores del BCN World han sido más discretos y su proyecto responde a un perfil algo distinto pero resultará beneficiado por todos los cambios legislativos que se decidan. Son ejemplos del proceso de disneylandización del ocio, la cultura y el consumo que comporta el mundo globalizado. Pero no por ello hemos de aceptar sus condiciones de zona franca o de señorío feudal desregulado.       

El verano de máxima desigualdad

(El Periódico, 4 de Junio de 2013)

Cinco años de crisis, más paro y más desigualdad social. El panorama sigue empeorando y descubrimos situaciones límite que afectan a niños y estudiantes. Universitarios que todavía no han podido pagar la matrícula y pueden perder el año académico cursado. Son unos 7.000 en Madrid y unos 2.000 en Cataluña aunque bailan las cifras. Alumnos de bachillerato que se presentan a selectividad gracias a sus profesores que pagan voluntariamente las tasas administrativas. Gobiernos autónomos, como el andaluz o el canario, que activan planes urgentes para alimentar a los niños más vulnerables en los comedores escolares facilitando desayuno, comida y merienda. Involución social en toda regla.

Las escuelas son los detectores fiables de los efectos más devastadores y crueles de la crisis. Descubrir niños malnutridos es una realidad incómoda que se ha ido desvelando a lo largo del 2013 gracias a los maestros y directores de escuela. Han sido ellos quienes han advertido a las administraciones del problema, protegiendo a los menores para que no se monte otro circo mediático y morboso alrededor de su pobreza severa.

En Andalucía, la mitad de los niños que utilizan el servicio de comedor son becados de forma gratuita. Antes de la crisis sólo eran un 20% de los que comían en la escuela. En Catalunya unos 64.000 niños reciben becas-comedor que rebajan el precio hasta los 3 euros diarios, aunque se pagan con retraso. Suman unos 32 millones de euros al año pero no llegan a todos los susceptibles de ayuda. Para llenar ese hueco, las asociaciones de madres y padres han de llegar a acuerdos con ONG’s y entidades. ¿Por qué la Generalitat no aprueba por decreto un plan urgente similar al andaluz cuando ambos comparten un 6% de pobreza severa? Porque no hay recursos, nos dicen. Los 25 millones destinados a sufragar conciertos con escuelas privadas de élite parecen blindados e intocables. Mala e injusta política con la que hay que discrepar.

Ahora se acaba el curso escolar y se cierran los comedores escolares. Desde hace meses, los ayuntamientos y las entidades sociales se están desviviendo para aumentar las becas de los casales y actividades de verano para los más vulnerables. El largo verano de nuestro calendario escolar deja expuesta una desigualdad social de máximos entre los niños que sigue en aumento. Mientras unos cuantos lo aprovecharán con actividades lúdicas enriquecedoras y de calidad como han hecho siempre, grandes minorías lo ocuparán quedándose en casa, en la calle y sin viajar.  En este segundo grupo, otra minoría lo pasará malnutrido en extrema precariedad.  


Somos un país democráticamente inmaduro y partidista que no es capaz de construir grandes pactos contra la pobreza infantil en medio de esta colosal crisis. Cataluña tiene un déficit fiscal territorial de 16.000 millones y otra sangría en forma de fraude fiscal interno que suma la misma cantidad. Hay recursos y riqueza suficiente para redistribuir y atajar las situaciones de extrema necesidad. Falta audacia política.

Artículo en la web El Periódico