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Desmantelar el cuarto pilar del bienestar


La ley de dependencia es el cuarto pilar del estado de bienestar junto a educación, pensiones y sanidad. Un nuevo derecho social y universal para proteger a la población más frágil por edad, discapacidad o ambas causas. Todo un sistema de servicios que ha generado miles de empleos y que ha liberado parte de la carga de cuidados que recae sobre las mujeres (como hijas, madres o cónyuges).

El gobierno Zapatero planificó una inversión de 12.638 millones de euros hasta 2015. Sobre el papel. Otra cosa fue la puesta en marcha de un sistema muy complejo. Acabado 2011 se llegó al millón de beneficiarios en toda España, aunque 300.000 se mantenían en espera de recibir ayudas y servicios.

Zapatero hizo los primeros recortes pero llegó Rajoy y empezó un desmantelamiento calculado. Ha sacado de la lista de espera a 70.000 dependientes moderados y ha alargado los plazos de espera hasta dos años y medio. Cabe tener en cuenta que muchos de ellos son mayores de 80 años y con dependencia severa. Una medida cruel y calculada en fríos despachos. Siempre tan fuertes contra el débil. Ante ese despotismo, se está organizando una iniciativa legislativa popular para lograr blindar y priorizar la atención a los dependientes severos.



La suma de recortes en dependencia del gobierno Rajoy, ronda los 1.000 millones de euros según la asociación de directores de servicios sociales. Como cabe esperar, el gobierno central niega esa cantidad. Dice que trabaja para “racionalizar” el sistema.    Es el neolenguaje que usan para ocultar objetivos impopulares. Dos días antes de las elecciones que le dieron la mayoría, Rajoy ya admitió que la ley de dependencia era inviable. Es un sector con muchos intereses de negocio que quieren más privatización y hacer aumentar el copago. Desmantelar la ley y reducirla a mínimos puede ser la única promesa electoral que cumpla.

La ley obliga a dividir la financiación de la dependencia a partes iguales entre Estado central y comunidades autónomas. Pero el Estado central no ha cumplido su parte. En 2012, el Gobierno recortó su aporte a Cataluña en 126 millones. Hoy la Generalitat soporta el 80% del coste de prestaciones y servicios mientras el Estado solo aporta el 20%. Es otro ejemplo de cómo el Estado ha ido centrifugando sus compromisos de austeridad con Bruselas hacia las comunidades autónomas. De paso, se asfixia más a Cataluña, a proveedores y a centros-residencias. Una forma sibilina de reducir los servicios de bienestar y lavarse las manos.


Para exculpar su mala conciencia, ahora se entiende que ciertos ministros del PP apelen a Santa Teresa o a la virgen del Rocío. La derecha española neocon tiene un peculiar sentido del derecho a la vida. Congelan las pensiones, recortan la dependencia de los más frágiles pero aprueban una ley del aborto que obliga a las mujeres a tener hijos con malformaciones. En Cataluña, más vale desconectarse de ese modelo, aprobar una ley propia y desarrollar un sistema de dependencia que funcione. Es justicia social, no compasión de mínimos.