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La entrada de nuestras gloriosas armas en territorio catalán

“El Estatuto de Cataluña, en mala hora concedido por la República, dejó de tener validez, en el orden jurídico español, desde el día 17 de julio de 1936”. Así reza el texto firmado por Franco para ratificar su decreto-ley de 8 de abril de 1938 que derogaba la Generalitat republicana y el Estatut de 1932. Llama la atención la premura del régimen franquista para eliminar la Generalitat desde el inicio del golpe de Estado (el 17 de julio del 36) antes que Franco viajara con el Dragon Rapide para hacerse con la jefatura del ejército africano sublevado. Aunque luego se fijara el 18 de julio como fecha del “glorioso Alzamiento nacional”, cabe recordar que los franquistas como Serrano-Suñer siempre consideraron que su nuevo régimen se inició el día antes.  

El lenguaje militarista del decreto de 1938 no tiene desperdicio puesto que coincide con el avance de las tropas sublevadas. “La entrada de nuestras gloriosas armas en territorio catalán plantea el problema, estrictamente administrativo” de abrogar y eliminar la institucionalidad republicana vigente hasta entonces. El decreto expone su objetivo de “restablecer un régimen de derecho público que, de acuerdo con el principio de unidad de la Patria, devuelva aquellas provincias el honor de ser gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España”.

Muchas declaraciones de hoy en día usan ese mismo lenguaje de la homogeneidad patria y la igualdad simétrica “entre territorios”. Aplican el consabido y muy popular proverbio castellano del “nadie es más que nadie” con el trasfondo de una guerra de conquista, tal y como reza el decreto franquista del 38. El “honor de ser gobernadas todas iguales” salta en pedazos cuando Adolfo Suárez propone el Real-Decreto Ley 41/1977 de 29 de septiembre que restablecía la Generalitat de Cataluña. Eso sí, con carácter provisional “hasta la entrada en vigor del régimen de autonomía que pueda aprobarse por las Cortes” (art. 1).

El decreto del 77 reconocía la legitimidad política de la Generalitat como “una institución secular, en la que el pueblo catalán ha visto el símbolo y el reconocimiento de su personalidad histórica dentro de la unidad de España”. Una restauración institucional que fue, cabe recordarlo, preconstitucional. La actual Constitución Española se refrendó en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y entró en vigor poco después. Aquel decreto del 77 no sólo permitió el reconocimiento pre-constitucional de la Generalitat como “una institución secular” catalana de autogobierno. También posibilitó la investidura del último presidente republicano Josep Tarradellas como nuevo presidente de la institución restaurada.

Para garantizar la continuidad jurídica de “la ley a la ley”, los juristas de la transición recordaron incluir en el decreto del 77 la derogación de la ley franquista de 8 de abril de 1938. Es decir, se derogó el decreto franquista que, a su vez, derogó el Estatut de 1932 pero sin que éste fuera restablecido. Con posterioridad, se aprobó la actual Constitución Española del 78 que no cita expresamente ni la Generalitat ni cita por su nombre cuáles son “nacionalidades” y cuáles son “regiones”. Cataluña, ni aparece.

Por lo tanto, la actual Generalitat queda reconocida como “institución secular” catalana pre-constitucional y libre del decreto franquista que la eliminó pero encajada en una Constitución del 78 que ni la nombra ni la especifica. Cabe preguntarse, entonces, si “la entrada de nuestras gloriosas armas en territorio catalán” continúa vigente aunque bajo otra legalidad y es la justificación implícita para negar ahora la soberanía política de la Generalitat y su Parlament. ¿Todo atado y bien atado para tener el honor de ser gobernados todos por igual sin derecho a ser consultados y consultadas en 2014?