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¿Podemos decidir la predistribución?

·         Para atacar las crecientes desigualdades hay que combinar políticas redistributivas y predistributivas. Estas últimas apenas reciben la atención de la nueva izquierda. Hay que evaluar las disfunciones extractivas del modelo español, más allá de lanzar etiquetas simbólicas como “la casta”.


Soportamos seis años de la peor crisis de la historia contemporánea (2008-2014) que se alarga y agrava por las duras políticas de austeridad aplicadas. Nos dejan el peor escenario posible: más desigualdades, un paro desbocado y mayor empobrecimiento. Una cosa es salir de la recesión, otra es absorber los miles de parados recuperando la demanda interna y una tercera es resolver tanta desigualdad social incubada como la peor herencia sistémica. El aumento de las desigualdades sociales es el gran reto de la política moderna en la próxima década, no sólo por imperativo ético de justicia social sino también por el riesgo de convertirse en el principal obstáculo para el crecimiento y la recuperación económica.

Ante un ritmo de recuperación muy lento que tensará la conflictividad distributiva de los costes de la crisis, hay que afianzar y garantizar la red social básica pero a la vez hay que activar nuevas estrategias más ambiciosas. Contra el paro, el empobrecimiento y la devaluación social injusta, hay que responder con una combinación de políticas redistributivas (para actuar sobre los efectos) y políticas pre-distributivas (para actuar sobre las causas estructurales y prevenir la reproducción de las desigualdades). Este segundo enfoque es el paradigma de la "predistribución" que ha sido propuesto por  Jakob Hacker (2011).

Ahora hace dos años, Fernández-Albertos publicaba dos artículos en Agenda Pública (parte I y parte II) argumentando los posibles pros y contras de la predistribución. Sin embargo, el debate sobre este paradigma no existe entre la izquierda española ni forma parte de ninguna agenda. A diferencia de los países anglosajones donde los sectores progresistas han abierto un amplio debate sobre la predistribución, en España este tema apenas es sólo un artefacto académico para minorías. Aquí, la izquierda clásica sigue atrapada en la retórica de un paradigma desarrollista y expansivo, sea socialdemócrata o de cuño obrerista, más propio de la sociedad industrial que de la sociedad del riesgo que nos toca vivir. De tal forma, que se ha confiado la reducción de las desigualdades a las políticas redistributivas y, en especial, a la expansión educativa prometiendo para los hijos igualdad de oportunidades y justicia meritocrática. A cambio, se ha renunciado a intervenir contra las ineficiencias y privilegios del mercado, enquistados y personificados en las llamadas élites extractivas o “la casta”, en su acepción española más popular.

El paradigma de la "predistribución" propone una revisión profunda de la función constitutiva y reguladora de los Estados. Defensa amplias reformas del mercado económico y del mercado de trabajo que fomenten en sí mismas una distribución más equitativa de resultados para fortalecer la misma  democracia. De hecho la predistribución tiene como objetivo hacer que los mercados trabajen por el bienestar común produciendo una menor desigualdad de partida. Si la distribución a priori del poder económico y de mercado se hace de manera más justa y equitativa, la necesidad de redistribución ex-post se reduce, generando desde el principio más empleo, prosperidad, equidad y eficiencia. En lugar de ir a remolque de los intereses del mercado y de las desigualdades que produce sin contemplaciones, el Estado ha de anteponer el bien común y la inclusión social con medidas predistributivas.

De hecho, es una idea antigua defendida por el movimiento obrero y el propio Marx, como señala Fernández-Albertos, pero la predistribución ha sido sepultada como un tabú prohibido ante el tótem sagrado del libre mercado. Parece que la nueva izquierda también la ha sepultado adoptando, en su lugar, la Renta Básica como nuevo maná redistributivo capaz de lograr una nivelación social de mínimos pero no de atacar las desigualdades en su origen. La renuncia de la predistribución, sea por la neoderecha o por la nueva izquierda, es un grave error que permite a los mercados seguir reproduciendo más desigualdad, tolerada y gestionada desde un  Estado de mínimos y desde una cultura de individualismo posesivo.



La propuesta predistributiva no entorpece el funcionamiento de los mercados, más bien los enmarca en un campo de juego más competitivo, libre y si queremos, también más cooperativo. El libre mercado que se nos presenta como una realidad eficiente y sin alternativa es, en sí, una fantasía retórica que encubre disfunciones aberrantes. Ahora hace siete años estallaba la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos que desencadenó la colosal crisis que estamos viviendo. El sector financiero e inmobiliario se hinchó a ganar billones como faraones drogados de codicia. Se alimentó una burbuja descomunal que, al estallar a escala global, ha arruinado países enteros, con niveles de deuda, desempleo y pobreza masivos nunca vistos en el capitalismo moderno. Si resucitaran Adam Smith y los primeros liberales, volverían a su tumba.

En España los contribuyentes “hemos” rescatado la banca con unos 100.000 millones de euros. Es increíble que todavía bailen las cifras según el organismo que las calcula. Los expertos estiman que, de momento, se pueden recuperar sólo 4.000. El gobierno decidió socializar las pérdidas del sector financiero como algo irremediable. Sin consultar a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no. Sin hacer auditorias de responsabilidad para depurar los delincuentes y renegar de la deuda que nos han colocado como si fuera nuestra. Tienen razón las voces críticas que denuncian lo que nos ha pasado como una gran estafa por parte de un conglomerado extractivo de élites que salen impunes y sin rectificar su abuso.

Stiglitz (2012) ha destacado cómo el funcionamiento real de los mercados no es libre sino que está centrado en la extracción masiva de rentas que provoca una excesiva concentración de la riqueza, muy bien radiografiada y medida por Piketty (2014). Estos dos autores coinciden con otros (Goldthorpe, Esping-Andersen o Krugman) para reclamar un margen de actuación considerable para la política pública y la intervención del Estado ante los mercados. Una intervención aún más justificada en los países mediterráneos que reproducen una herencia de corporatismo regulado pero poco visible y discutido, más allá de simplificarlo con el apelativo de “la casta”.

Las disfunciones extractivas del modelo español deben ser superadas pero antes conviene evaluarlas y dimensionarlas. Un ejercicio difícil para las izquierdas, poco acostumbradas al realismo crítico y la resolución de paradojas y dilemas distributivos. Si el Estado ha jugado una función residual en los países anglosajones, en España ha jugado una doble función extractiva y asistencialista. Con una mano permite los precios más altos de la energía en Europa (en detrimento del tejido productivo nacional) y con la otra, apenas responde a la nueva pobreza energética con un sistema de bienestar poco redistributivo que sólo reduce un 26% la tasa de pobreza. 


La respuesta ante las desigualdades que han generado los mercados desbocados y desregulados no puede reducirse a las políticas redistributivas y paliativas ex post que hacen unos Estados del Bienestar pensados ​​para la sociedad industrial que ya no existe. Hay que incidir antes en las causas estructurales y de mercado que generan las desigualdades desde un papel más activo y preventivo por parte del Estado. Más y mejor Estado predistributivo y redistributivo. Ésa es la clave que podemos decidir.

Desobedecer la injusticia

(El Periódico de Catalunya, 20 de septiembre de 2014)

Ahora hace siete años estallaba la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos que desencadenó la colosal crisis que estamos viviendo. El sector financiero e inmobiliario se hinchó a ganar billones como faraones drogados de codicia. Se alimentó una burbuja descomunal que, al estallar a escala global, ha arruinado países enteros, con niveles de deuda, desempleo y pobreza masivos nunca vistos en el capitalismo moderno. Si resucitaran Adam Smith y los primeros liberales, volverían a su tumba.

En España los contribuyentes “hemos” rescatado la banca con unos 100.000 millones de euros. Es increíble que todavía bailen las cifras según el organismo que las calcula. Los expertos estiman que, de momento, se pueden recuperar sólo 4.000. El gobierno decidió socializar las pérdidas del sector financiero como algo irremediable. Sin consultar a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no. Sin hacer auditorias de responsabilidad para depurar los delincuentes y renegar de la deuda que nos han colocado como si fuera nuestra. Tienen razón las voces críticas que denuncian lo que nos ha pasado como una gran estafa.

Islandia se negó a nacionalizar las pérdidas de los bancos y se negó a pagar a los acreedores que hincharon su burbuja. Entró en un nuevo proceso constituyente y ahora, paradójicamente, vuelve a gobernar la derecha. Al menos se han saneado como una democracia decente. Se señalaron los culpables y los inocentes quedaron a salvo. Aquí hemos hecho todo lo contrario, pagando justos por pecadores.

España sigue con una ley hipotecaria cuya lógica se remonta a los años 40 del franquismo, incluso a los años veinte de Primo de Rivera. Así nos va. El que suscribe una hipoteca no se libera de ella aunque renuncie a su vivienda. Su hipoteca lo acompaña como una deuda feudal a lo largo de su vida. Todo un residuo del pasado absolutista que resulta inédito en Europa. Nos hubiésemos liberado de ese vínculo feudal si se hubiese aprobado la iniciativa legislativa popular que la PAH presentó al Congreso con un millón y medio de firmas. No se aprobó la dación en pago. Ni eso. España es un bastión de la tradición pre-liberal. Por eso aquí se atropellan tantos derechos de forma autoritaria.

El Partido Popular creó un banco “malo” (Sareb) de gestión semi-pública con 100.000 viviendas y terrenos invendibles. Son los tóxicos inmobiliarios que los bancos nos han colocado, eso sí, engordando la deuda pública en 50.000 millones de euros. Cabe recordar que todo este proceso de crisis-estafa hace elevarse la deuda pública hasta el billón de euros. Brutal. ¿Podemos los ciudadanos y ciudadanas decidir cómo ha de actuar la Sareb? ¿Podemos decir alguna cosa al respecto? La respuesta es no.


Ahora la Sareb ha cedido el primer bloque de viviendas a la Generalitat paradestinarlo a alquiler social. ¿Lo ha hecho por iniciativa propia? No. Es fruto de la reivindicación de la PAH que, saltándose una legalidad injusta, ocupó el edificio y alojó a familias multi-desahuaciadas. En lugar de vender los tóxicos inmobiliarios a fondos buitre, la Sareb ha de presentar un plan de alquiler social para dar una salida más justa a las familias estafadas por una banca irresponsable. Éste debiera de ser su mandato y su finalidad. De nuevo, desobedecer la injustica y los abusos es hacer posible la libertad y la dignidad. Como siempre, a lo largo de la historia. 

Inventarse de nuevo y en libertad

(El Periódico de Catalunya, 23 de agosto de 2014)

Dejar el trabajo de siempre y un salario asegurado, en plena crisis, para emprender un cambio radical de vida puede parecer temerario. No hablamos de personas en paro que capitalizan prestaciones y ahorros para convertirse en autónomos. Sino de personas ocupadas en profesiones y lugares de trabajo estables que, cansados de su rutina acumulada, se reinventan tirando adelante un nuevo proyecto vital. Una operación de riesgo que puede ir bien o no tan bien en función de las habilidades de cada uno o de la suerte. En todo caso, son ejemplos de transformaciones individuales que nuestra sociedad no acostumbra a incentivar sino, más bien, a censurar.

Las trayectorias vitales en la edad adulta suelen seguir un esquema lineal, una vez superados los vaivenes de la transición juvenil. El desempleo y la precarización hacen retardar la emancipación de los jóvenes y la formación de nuevas familias. Pero una vez consolidada la posición laboral nos encuadramos en un estilo de vida familiar que, salvo divorcios y rupturas, se presupone largo e invariable hasta la vejez.

Este esquema lineal y previsible suele reforzarse en situaciones de crisis como la actual, con respuestas conservadoras que evitan optar por salidas de riesgo. “Más vale malo conocido que bueno por conocer”, dice el refranero popular. Dejar el trabajo asegurado y la esfera de confort, en plena crisis, es algo etiquetado casi como una locura en sociedades conservadoras. Pero en otras culturas más abiertas al riesgo y al cambio, son comportamientos valorados en positivo.    



La forma en que una cultura o un contexto social valora o desvaloriza la reinvención individual nos dice mucho sobre esa cultura y su sistema de valores. Un indicador puede ser la facilidad o no para emprender nuevos negocios que refleja tanto el grado de libertad económica como la aceptación social del emprendizaje. España sale muy mal parada. En los diferentes rankings del Banco Mundial Doing Business, España ocupa el puesto 142 entre 189 países analizados. Es más fácil abrir nuevos negocios en Uzbekistán, Túnez o Zambia.

Aquí, la pesada burocracia de trámites, permisos y largos plazos sigue limitando y castigando a los emprendedores y autónomos con iniciativa. Se sigue reproduciendo una cultura de aversión al riesgo, de envidia al éxito ajeno y de censura latente a los sujetos más creativos e innovadores. Es un poso cultural que se resiste a disolverse por nuevas leyes de emprendedores y reformas que se aprueben.

El contexto cultural, del cual emanan las regulaciones y leyes, sigue siendo hostil al emprendizaje y pone obstáculos añadidos para hacer viables las reinvenciones individuales. En el actual contexto de crisis es esperable que muchos individuos se replanteen sus vidas y opten por transformarse, reinventarse o renacer de nuevo. Algunos lo hacen por sí mismos. Otros muchos no acaban de dar el paso pero se apoyan en la nueva “religión” del coaching y libros de auto-ayuda. Todos buscamos referentes y apoyos para cambiar y evolucionar. Es una constante histórica y humana.  

Una nueva ambición de país: erradicar la pobreza infantil


Esta crisis va para largo porque la brecha de desigualdad y precariedad que ha provocado no se va a resolver ni en una década. Los problemas persistentes de pobreza y malnutrición infantil siguen ahí como una nueva realidad cotidiana que va a perdurar los próximos años. Tanto en horario escolar como en vacaciones. En este verano de 2014, las administraciones y las entidades del tercer sector han dado una respuesta más coherente y mejor planificada que en veranos anteriores.

Es un logro conseguido un año después del informe del Síndic de Greuges que alertaba y destapaba el grave problema de la malnutrición infantil como efecto de la crisis. Con polémica y polvareda incluida. No obstante, lo relevante es que tenemos instituciones y redes civiles que funcionan. Tardan su tiempo pero funcionan. Tras el informe del síndic Rafael Ribó se han producido efectos en cadena: concienciación social entre los que no sufren la crisis, debates parlamentarios sobre el problema, informes, artículos y debates mediáticos y presión del tercer sector hasta alcanzar el pacto contra la pobreza infantil. Un pacto que ya demandamos en esta columna hace más de un año.

Todo llega si se reivindica con exigencia cívica y justa, con un tejido social crítico detrás y unas instituciones sensibles que están al servicio de la ciudadanía. Este proceso de cambio, lento y complejo, empieza a dar tímidos resultados. La Generalitat ha aumentado su presupuesto hasta llegar a los 218 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil y adolescente. Dentro de su paquete integral de 148 actuaciones que alcanzan un total de 850 millones de euros. Los ayuntamientos, los bancos de alimentos y el tercer sector también han aumentado su dotación. 

Sin duda, son insuficientes para erradicar la pobreza infantil. Quizás son suficientes para paliarla y para minimizar los efectos de la crisis sean lo más leve posibles para la infancia. Como políticas asistenciales hay que reconocer que empiezan a funcionar. Pero no basta con paliar los efectos de la crisis. La infancia pobre y malnutrida que en verano es acogida en casales y equipamientos extra-escolares no tienen esa misma oportunidad a lo largo del curso escolar. Aliviamos su necesidad sin luchar contra la desigualdad.


Como democracia y como sociedad nos debemos plantear un nuevo salto cualitativo en justicia social: erradicar la pobreza infantil. Éste debería ser el interés general de una sociedad tan castigada como la nuestra. Los ciudadanos no aceptamos más políticos corruptos, cínicos e ineptos. Los que así son o han sido, roban cada año unos 10.000 millones de euros según el Banco Mundial. Otros informes elevan el coste de la corrupción política en España hasta los 40.000 millones de euros cada año. Cada año. Hay recursos de sobra para multiplicar la inversión en infancia y adolescencia. Desde nuevos programas integrales y universales. Que Cataluña sea un país digno donde crecer y aprender en igualdad. Un país amigo de la infancia. Y no tanto business-friendly.