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Una nueva ambición de país: erradicar la pobreza infantil


Esta crisis va para largo porque la brecha de desigualdad y precariedad que ha provocado no se va a resolver ni en una década. Los problemas persistentes de pobreza y malnutrición infantil siguen ahí como una nueva realidad cotidiana que va a perdurar los próximos años. Tanto en horario escolar como en vacaciones. En este verano de 2014, las administraciones y las entidades del tercer sector han dado una respuesta más coherente y mejor planificada que en veranos anteriores.

Es un logro conseguido un año después del informe del Síndic de Greuges que alertaba y destapaba el grave problema de la malnutrición infantil como efecto de la crisis. Con polémica y polvareda incluida. No obstante, lo relevante es que tenemos instituciones y redes civiles que funcionan. Tardan su tiempo pero funcionan. Tras el informe del síndic Rafael Ribó se han producido efectos en cadena: concienciación social entre los que no sufren la crisis, debates parlamentarios sobre el problema, informes, artículos y debates mediáticos y presión del tercer sector hasta alcanzar el pacto contra la pobreza infantil. Un pacto que ya demandamos en esta columna hace más de un año.

Todo llega si se reivindica con exigencia cívica y justa, con un tejido social crítico detrás y unas instituciones sensibles que están al servicio de la ciudadanía. Este proceso de cambio, lento y complejo, empieza a dar tímidos resultados. La Generalitat ha aumentado su presupuesto hasta llegar a los 218 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil y adolescente. Dentro de su paquete integral de 148 actuaciones que alcanzan un total de 850 millones de euros. Los ayuntamientos, los bancos de alimentos y el tercer sector también han aumentado su dotación. 

Sin duda, son insuficientes para erradicar la pobreza infantil. Quizás son suficientes para paliarla y para minimizar los efectos de la crisis sean lo más leve posibles para la infancia. Como políticas asistenciales hay que reconocer que empiezan a funcionar. Pero no basta con paliar los efectos de la crisis. La infancia pobre y malnutrida que en verano es acogida en casales y equipamientos extra-escolares no tienen esa misma oportunidad a lo largo del curso escolar. Aliviamos su necesidad sin luchar contra la desigualdad.


Como democracia y como sociedad nos debemos plantear un nuevo salto cualitativo en justicia social: erradicar la pobreza infantil. Éste debería ser el interés general de una sociedad tan castigada como la nuestra. Los ciudadanos no aceptamos más políticos corruptos, cínicos e ineptos. Los que así son o han sido, roban cada año unos 10.000 millones de euros según el Banco Mundial. Otros informes elevan el coste de la corrupción política en España hasta los 40.000 millones de euros cada año. Cada año. Hay recursos de sobra para multiplicar la inversión en infancia y adolescencia. Desde nuevos programas integrales y universales. Que Cataluña sea un país digno donde crecer y aprender en igualdad. Un país amigo de la infancia. Y no tanto business-friendly.