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Consensuar la planificación escolar

(El Periódico de Catalunya, 10 de febrero de 2017)



Por primera vez, los municipios catalanes y la Generalitat van a acordar los criterios de planificación escolar para los próximos años. Es una buena noticia que pone fin a un estilo opaco e improvisado de planificación educativa al que se nos había acostumbrado. La participación de los municipios es fundamental para equilibrar los criterios y reconocer mejor las necesidades, superando el anterior modelo centralista con que la Generalitat decidía y anunciaba la supresión de centros y aulas. El anuncio de esos cierres se hacía coincidiendo con el período de pre-matriculación y siempre en detrimento de la escuela pública, dado que no afectaba a la oferta de la escuela concertada que siempre se concreta en septiembre, tal y como establece la legislación española. Así, ciertas escuelas quedaban señaladas con el estigma de que iban a ser cerradas y las familias ya no las escogían.

Al fin, el Departament de Ensenyament acepta una gobernanza más abierta y participada de la planificación escolar, con un modelo de co-responsabilidad que incluye a los municipios y, tras ellos, las demandas de la ciudadanía más activa con las asociaciones de madres y padres al frente. Este cambio de gobernanza va a tener que gestionar, desde el consenso, el aumento demográfico en 40.000 plazas escolares más en la ESO hasta el curso 2020-21. Supone todo un desafío que hay que regular de forma eficiente y equitativa para no reproducir los efectos perversos del pasado. Aún estamos lejos de una verdadera planificación pública que integre a la concertada y que reduzca los efectos de segregación y dualidad que van contra la educación pública. La concertada puede aumentar aulas mientras se cierran y masifican aulas públicas. Todo un despropósito para la equidad escolar.
Pero la planificación escolar va más allá de las decisiones de política educativa. En ella intervienen otros actores como los agentes inmobiliarios y la planificación urbanística que, en el pasado, no han estado a la altura. En los años de crecimiento económico hasta 2008, la planificación urbanística apenas tuvo en cuenta la necesidad de nuevos equipamientos escolares. La prioridad era construir y obtener el máximo rendimiento ocupando todo el territorio y sin previsión de futuro ni construcción de nuevas escuelas en los nuevos barrios residenciales. Se antepuso la codicia inmobiliaria de constructores y ayuntamientos en detrimento de una planificación equitativa del espacio público. 

Ahora, apenas hay suelo y espacio para construir nuevas escuelas, aunque el sistema necesita 40.000 plazas más. La solución será, de nuevo, recurrir a los barracones. Como es una medida impopular, se requiere un nuevo consenso y una gobernanza más participada en la planificación. Es bueno aprender del pasado y no subordinar nunca más las necesidades educativas a la especulación inmobiliaria que acaba en segregación urbana y privatización del espacio público. También es necesario acabar con los privilegios de la red concertada y responsabilizarla de su función social para que deje de segregar y excluir incumpliendo la normativa.     

Lluvia de piedras contra la infancia

(El Periódico de Catalunya, 5 de febrero de 2017)




Hace ahora un año, El Periódico destapaba el repugnante caso de pederastia de los maristas en Barcelona. Todo un ejemplo de buen periodismo de investigación que no sólo se centró en narrar el escándalo sino también en hacer la crónica rigurosa de todas las estratagemas de la cúpula marista y de las administraciones para minimizar y ocultar el caso. Ambos hechos son elocuentes. De una parte, la existencia tolerada durante años de todo un sistema de abusos de menores por parte de unos depredadores protegidos por la orden religiosa. De otra, todo un sistema de vigilancia pública de los derechos de la infancia y protocolos preventivos que no han funcionado. Han fallado todos los agentes públicos (Estado, Generalitat, mossos, fiscalía, código penal…) y son co-responsables de una impunidad consentida sin haberse puesto a disposición de las víctimas. 

Estamos ante el mayor caso de pederastia denunciado y hecho público en España con 21 depredadores sexuales, 50 víctimas abusadas y otras 35 vejadas, destapado gracias a la profesionalidad de este diario. Tan pasiva ha sido la respuesta de las administraciones que el primer padre que denunció los abusos sexuales padecidos por su hijo ha llegado a poner una denuncia ante el Parlamento Europeo. Cuando la sociología analiza los casos de desviación y transgresión pone el foco, sobre todo, en la respuesta social e institucional que se les da. En función de lo dura o blanda que sea la respuesta punitiva o sancionadora, queda reflejado el sistema de prioridades morales de aquella sociedad. Este escándalo evidencia que la protección a la infancia no es una prioridad moral compartida y eso nos  avergüenza y paraliza sin tomar medidas drásticas de cambio

Es más, si seguimos con una lectura sociológica, más bien se pone en evidencia que en nuestras vidas e instituciones todavía perdura un patriarcado cruel y abusador que debe mucho al pasado franquista que sigue sin ser extirpado. Ni en el sistema judicial, ni en el código penal ni en la capacidad de exigencia reparadora que deberían haber mostrado las administraciones. Demasiado consentimiento, demasiada recelo y culpabilización a la víctima, demasiado respeto a órdenes religiosas que educan a la infancia sin auditorías ni controles rigurosos. Demasiado cinismo institucional por creernos modernos y europeos pero dejamos a las víctimas indefensas y a los depredadores y consentidores sin duras reparaciones para depurarlos. Demasiada herencia franquista y clerical.

Seamos sinceros, en Cataluña seguimos sin tener un verdadero “sistema” de protección a la infancia, a pesar de algunas loables iniciativas muy destacables. Es toda la sociedad la que queda retratada. Por dedicar tres veces menos a inversión pública en infancia sobre la media europea. Por  liderar el ranking europeo en pobreza infantil. Por no retirar las subvenciones a las escuelas de los maristas y por no auditar todos los colegios religiosos como espacios de riesgo. Con la Iglesia hemos topado, querido Sancho... ¿Hasta cuándo seguirá esta lluvia de piedras que dejamos caer sobre la infancia?  

Educación y cuarta revolución industrial




La cuarta revolución industrial ya está aquí entre nosotros aunque no la percibamos. Avanza imparable en centros de investigación y desarrollo tecnológico bajo una fuerte competitividad por conquistar nuevas fronteras y límites sin tener en cuenta sus costes sociales y humanos. Diversos informes, algunos cuestionados como siempre, nos dicen que el 57% de los empleos de los países de la OCDE están en riesgo o son vulnerables ante la robotización y el desarrollo de la inteligencia artificial. Otro informe corporativo del banco Merril Lynch (los bancos siempre tienen torres Mordor que hacen de observatorios del porvenir), alerta que el 45% de los puestos de trabajo de fabricación en el sector industrial serán robotizados en los próximos 20 años, afectando a las fábricas asiáticas pero también a las europeas. 

Se estima que en cuatro años, los taxis de Japón serán robots y una parte importante de la logística se realizará con drones y camiones dirigidos sin conductor, prescindiendo gradualmente de miles de empleos humanos. Los recepcionistas de hotel o las cajeras de supermercado son ejemplos de los millones de empleos sustituibles por robots. Buena parte de los obreros de fabricación de la industria, de la venta en comercios, de las rutinas administrativas e, incluso, de ciertas rutinas expertas como la de analistas financieros, abogados y periodistas serán fácilmente prescindibles ante el avance de la robótica y la inteligencia artificial. 

La inteligencia artificial crecerá un 36% ligada al Internet de las cosas (IoT) y a la denominada Industria 4.0 (realidad virtual, impresión 3D…). Su aplicación será rápida y transversal, tanto en el hogar, en los servicios, en el transporte, en la sanidad, en las finanzas, en el ocio y en la industria militar y de seguridad. Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur y la India se perfilan como los nuevos centros de poder y de liderazgo de la cuarta revolución industrial, deduciéndose un nuevo tablero mundial de hegemonía económica no exento de dura rivalidad.

Robotización y nuevo contrato social

A diferencia de las otras revoluciones económicas que ha vivido la humanidad, la cuarta revolución industrial es previsible y calculable. Nos anticiparnos a la que nos espera a través de informes, foros y reflexividad llegando a amplias capas de la opinión pública, algo inexistente en los siglos XVIII, XIX y casi todo el siglo XX. Podemos anticipar y conocer los pros y contras siendo este dilema un ejemplo más de la sociedad del riesgo definida por Ulrich Beck que, al menos, genera reflexividad crítica y por tanto, repolitización de las agendas para negociar condiciones y consecuencias. 

Sin embargo, los expertos ya nos anticipan que, a diferencia del resto de grandes cambios tecnológicos, esta vez, el reparto de los beneficios de la nueva revolución industrial no será generalizados ni compartidos, agravándose las brechas de desigualdad socio-económica y de consumo que pueden amenazar el funcionamiento mismo del sistema capitalista que entraría en colapso. Por tanto, no estamos ante un cambio tecnológico menor o una simple innovación incremental que evoluciona y  avanza en línea ascendente, tal y como vemos en el gráfico.

Nos enfrentamos a un nuevo modelo de desarrollo económico, inducido no sólo por la robótica, la IoT y la inteligencia artificial, sino por el crucial aumento de la innovación que expandirá nuevas posibilidades y aplicaciones en forma geométrica y muy acelerada en todos los ámbitos. La consecuencia previsible es un aumento inédito de la complejidad social y nuevas contradicciones en el modelo de relaciones productivas que, tarde o más pronto, implicarán una redefinición en profundidad del viejo contrato social construido en tiempos de la modernidad industrial.     

Gráfico 1. Evolución de ciclos de desarrollo y grados de impacto



La robotización de la industria y los servicios aumentará la productividad un 30% a costa de reducir los costes laborales entre un 18% y un 33%, según ciertas estimaciones. Ahí está la clave de la cuestión. La historia del capitalismo es la historia de su plusvalía y su tasa de ganancia a costa del trabajo humano. Ahora estamos ante el umbral de una nueva época donde el trabajo humano se va a hacer masivamente prescindible como si se recortara una buena tajada del pastel y desapareciera para siempre. La pregunta es bajo qué condiciones y límites. 

Si el futuro del trabajo es una robotización destructora de empleo humano, sin pagar impuestos, sin capacidad de protesta y devaluadora de los salarios de los que queden trabajando, la cuestión es cómo regular en clave de bienestar y equidad esta nueva revolución industrial. Se perfila una inédita alianza interclasista de las víctimas de la robotización donde las clases medias y obreras pueden emerger como nueva mayoría social determinante ¿Podemos decidir que ya toca repartir el tiempo de trabajo, adelantar la edad de jubilación, redistribuir las enormes plusvalías de la robotización y garantizar la co-gestión en las empresas? La robotización ya forma parte de la lucha de clases y de ahí las nuevas propuestas de hacer que los robots tributen y paguen impuestos.

Las nuevas condiciones fuerzan la definición de un nuevo contrato social, de nuevas formas de propiedad y de co-gestión en las empresas y una nueva fiscalidad equitativa que se responsabilice tanto de la huella ecológica sobre el medio ambiente como de la nueva huella robótica sobre la estructura social y laboral. Las utopías de una jornada semanal de 25 horas, con industrias y sectores que paguen impuestos por los robots que utilizan y con una renta básica de ciudadanía, ya no son ideas descabelladas. Son exigencias para un nuevo sindicalismo ciudadano e interclasista, capaz de proponer alternativas post-capitalistas que sean redistributivas y humanizantes ante un futuro que no podemos consentir que acabe siendo post-humano. De ahí, la necesidad de consensuar qué tipo de regulaciones públicas podemos decidir en común ante los nuevos riesgos y excesos que se avecinan. De ahí, que la educación pública esté concernida a pronunciarse y a transformarse, sí o sí, esta vez.

Educarse para vivir, decidir y dominar un nuevo entorno tecnológico

En el terreno de la educación nos enfrentamos a un hito o un punto grave de inflexión. La educación es el arma más poderosa para crear conciencia y reflexividad que, luego puede orientarse a fines transformadores o a fines reproductores del orden social y económico. En educación, creo que estamos ante un dilema, aún por abordar con valentía, de una magnitud muy similar al que planteó Theodor W. Adorno con  “La educación después de Auschwitz” (1966) abriendo un debate moral de enorme trascendencia. 

Teniendo en cuenta que los efectos de la educación son siempre a largo plazo (20 o 30 años) y eso choca con el presentismo y coyunturalismo que nos inunda y nos limita, podemos plantearnos algunos interrogantes profundos. ¿Cómo educar en la escuela cuando no haya trabajo humano para todos y se deba competir con robots como nuestros sustitutos potenciales? ¿Qué sentido tendrá educar para generar plusvalía o para asegurar la productividad cuando impere la robótica y la inteligencia artificial en todas partes, cuando las propias máquinas piensen, hagan su propio mantenimiento y se fabriquen a sí mismas? ¿Para qué nos servirá mantener un sistema escolar fordista pensado para disciplinar la mano de obra y dividirla entre la rama manual y la rama intelectual? ¿Qué sentido tendrá en el año 2050 mantener vigente el actual trívium y quadrivium que nos divide entre las ciencias y las letras por asignaturas? ¿Cómo se enfocará el curriculum en una economía post-humana y con grandes brechas de desigualdad? ¿Cómo asumirá la escuela las necesidades de socialización para una sociedad tan anómica y fragmentada? 

Son preguntas angustiantes pero peor es no hacérselas y que otros decidan el futuro por nosotros. Todo ello nos conduce, de nuevo, a un dilema complejo sobre nuestra identidad. ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Podemos decidir cómo vivir, regular y poner bajo dominio moral los previsibles excesos de la robótica? ¿Tenemos un marco democrático donde la decisión pública se imponga a los mercados y a las grandes corporaciones? ¿Estamos resignados y apocados o nos sentimos empoderados para ejercer nuestra ciudadanía con nuevas exigencias para marcos de futuro a decidir? ¿Nuestro futuro está abierto o ya lo damos por perdido?